Cinco consejos para emprendedores en busca de la financiación más adecuada para su negocio
Antes de lanzarse a la búsqueda de capital, una ‘start-up’ ha de evaluar aspectos como cuánto control está dispuesta a ceder o tener claro que sus productos y servicios no han de ser perfectos sino útiles para los clientes. Estos aspectos y las opciones de financiación pública y privada se ampliarán en un ‘webinar’ de Sabadell HUB Empresa al que se puede acceder desde aquí
La financiación es para cualquier empresa y especialmente para las start-up el combustible que les permite seguir avanzando. En ocasiones, además, supone el empujón que necesita una buena idea de negocio para materializarse. Esa es la razón que señala Joan Riera, profesor de Innovación y Emprendimiento de la escuela de negocios ESADE, por la que el emprendedor ha de centrar buena parte de sus esfuerzos en encontrarla. Por suerte, el abanico de posibilidades de financiación para estas compañías emergentes de base tecnológica es amplio: va desde la bancaria, la opción tradicional; hasta la participación de sociedades de capital riesgo.
Una ley para impulsar a las empresas emergentes
La Ley de Fomento del Ecosistema de Empresas Emergentes del Gobierno, conocida como Ley de start-ups, entró en vigor a finales de 2022 con el objetivo de potenciar el emprendimiento, la inversión y la atracción de talento a España. Para ello, provee de beneficios fiscales a este tipo de empresas, entre los que destacan la reducción del tipo impositivo en el impuesto de sociedades al 15% o la posibilidad de aplazar la deuda tributaria correspondiente a los dos primeros períodos impositivos en los que la base imponible sea positiva, es decir, que salga a pagar, aunque no sean consecutivos. También afecta al impuesto de la renta, para el que se mejora la exención de las stock options, que es la dispensa para empleados que reciban acciones o participaciones como parte de su remuneración.
Para acceder a estas ventajas, la empresa debe cumplir una serie de requisitos entre los que se cuenta no superar los cinco años de antigüedad, no superar un volumen de negocio anual de 10 millones de euros y contar con un 60% de la plantilla con un contrato laboral en España. Hasta el 20 de agosto, se habían certificado 1.196 empresas, de acuerdo con el Ministerio de Industria y Turismo.
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