Desproporción del Supremo
El registro en el despacho del fiscal general es una medida muy grave que pone en peligro la institución por un delito dudoso y menor
El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ordenó el pasado 30 de octubre una entrada y registro en el despacho del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para investigar un supuesto delito de revelación de secretos por la filtración a la prensa de unos correos electrónicos que forman parte de la causa por delito fiscal contra Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El registro es insólito en la historia de la democracia en España. En las principales investigaciones por filtraciones de sumarios a la prensa (como en los casos Gürtel, Nóos o Tsunami Democràtic) ningún juez se ha atrevido a ordenar una medida tan invasiva, ni a incautarse de los teléfonos móviles o los ordenadores de fiscales, abogados o periodistas.
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