La ofensiva contra el chabolismo topa con la escasez de alojamientos de emergencia
En Barcelona 1.245 personas duermen a diario en la calle, mientras que hay 2.860 en camas de entidades sociales
Ester Guix tiene 46 años y, hasta el martes, llevaba un año y medio viviendo en una chabola del campamento de la Vallençana Baixa situado a la orilla del Besòs y justo al lado de la depuradora de Montcada i Reixac. Guix era la “propietaria” de una de las 15 barracas en las que vivían 25 personas hasta que el martes el Ayuntamiento, echando mano de órdenes judiciales, desalojó el campamento y una excavadora derribó las infraviviendas. “Desde que tiraron las chabolas ha llovido muchísimo. Pude recuperar una tienda de campaña y estoy durmiendo un poco más arriba de la zona donde estaba el campamento. De hecho, estoy intentando construir otra chabola”, admite Guix a EL PAÍS. El Ayuntamiento de Montcada i Reixac ofreció a los 25 chabolistas una noche de hostal en las instalaciones del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB). Ninguno se acogió a la oferta municipal.
Los zulos de Badalona siguen habitados
El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ordenó precintar el 23 de octubre un almacén y un local comercial donde se habían construido 18 zulos ilegales. La mayoría, 16, fueron alquiladas. Tienen 15 metros cuadrados cada una, con cocina y baño pero sin ventilación ni ventanas. La mayoría de inquilinos son inmigrantes y pagan 450 euros al mes. Después de una inspección por parte de los técnicos del departamento de urbanismo del Ayuntamiento, el lugar quedó clausurado y el alcalde amenazó con multas millonarias al propietario. El local, situado en el barrio de Coll i Pujol, se encontraba el jueves precintado y con un cartel en la puerta de entrada al edificio anuncia: “Local no apto para el uso de vivienda”. Sin embargo, sigue habitado.
Diego Correa, habita uno de estos zulos. “Aquí sigue viviendo gente, familias con niños pequeños. Los que se pueden permitir una habitación se han marchado, aunque muchos de ellos han dejado sus cosas aquí”, informa. El Ayuntamiento aún no les ha podido echar, pero Correa sabe que el Consistorio está esperando las últimas órdenes del juez para poder expulsarlos: “Esta mañana, antes de ir al trabajo he pasado por el Ayuntamiento y me han dicho que entre el martes y el miércoles vendrán a darnos el primer aviso”.
Correa, que se enteró de que se alquilaban estas habitaciones por un amigo -que a la vez también se había enterado por otro conocido- confirma que el propietario ha desaparecido y que no saben nada de él: “No se ha interesado por nosotros, no nos ha ofrecido ninguna alternativa”. Este inquilino paga 700 euros mensuales y sabe que no puede permitirse algo más caro. “El problema seguirá existiendo cuando nos echen. No tenemos a donde ir y el Ayuntamiento solo nos ofrece uno o dos días en un albergue”, lamenta.
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