Sevilla limita los pisos turísticos con la oposición de los vecinos que consideran que el problema se extenderá al resto de los barrios
El Ayuntamiento prohibirá las licencias en la mayoría de los barrios del centro histórico y en Triana y fija en el 10% el máximo de estos alojamientos respecto de los residenciales
Sevilla cuenta desde este jueves con una nueva regulación para limitar las viviendas de uso turístico (VUT) en la ciudad. Se trata de la misma normativa que fue tumbada el pasado mes de junio por toda la oposición, por entender que era insuficiente para poner coto a la proliferación de estos pisos en la capital andaluza, pero que ahora ha contado con el apoyo de Vox. El nuevo precepto, sin embargo, cuenta con el rechazo absoluto de las asociaciones vecinales —cuyas alegaciones no han sido tenidas en cuenta― que se han congregado frente al Ayuntamiento para expresar su repudio durante la votación: “Es una de las ordenanzas más graves que se han aprobado en pleno, porque supone un cambio radical de esta ciudad con un impacto negativo en todos sus barrios”, advertía a este diario David Muñoz, portavoz de la asociación Sevilla se Muere, una de las 10 plataformas que se han congregado para evidenciar su protesta.
Cádiz, pionera en regular
Con las limitaciones aprobadas hoy Sevilla se convierte en la primera capital andaluza que regula los pisos turísticos en el marco del decreto aprobado por la Junta. Cádiz, sin embargo, fue la primera en poner coto a este tipo de viviendas, en la primavera de 2022. Entonces, el consistorio gobernado por José María González, Kichi, declaró el centro como área saturada para nuevos alquileres turísticos, y lo limitó a la zona de Extramuros y solo hasta la segunda planta. Además, decretó que hoteles y apartahoteles solo se pudieran establecer en fincas de máxima protección patrimonial, dado que su conversión a uso habitacional suele ser más compleja y costosa. Aquel cambio normativo se adelantó a la ley andaluza que dio potestad a los ayuntamientos para declarar zonas saturadas turísticamente saturadas y originó una pugna entre el Ayuntamiento y la Junta, que se resolvió cuando la administración andaluza aprobó la ley que daba esa capacidad a los entes locales. La propia Sevilla siguió la senda de Cádiz, topándose también con la oposición de la administración autonómica.
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