De Iberdrola a BBVA: las empresas perfeccionan su estrategia para esquivar las causas penales y daños reputacionales
Las compañías buscan tener unos sistemas de ‘compliance’ eficaces, como exige la justicia, para evitar imputaciones y generar confianza en el mercado
Indra, Pescanova, PwC, Repsol, CaixaBank, Iberdrola o BBVA son algunos ejemplos de empresas que se han visto envueltas en importantes (y mediáticas) causas judiciales, desde que el Código Penal introdujo hace 14 años la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Desde entonces, las compañías han ido perfeccionando sus modelos de cumplimiento normativo (compliance) para tener un sistema de prevención de delitos eficaz y lograr así evitar la espada de Damocles de la justicia y el daño reputacional que puede ocasionar verse envueltas en causas de corrupción o de estafas.
Guías, certificaciones y modificaciones legales
Para lograr que el compliance sea tan eficaz como exige la justicia, José María Ayala de la Torre, socio director de Ayala de la Torre Abogados, precisó en la charla organizada por la Cámara de Comercio que dicho programa no solo debe ser capaz de identificar los riesgos, sino que las empresas deben contribuir a ello dando formación al respecto a sus empleados y que la alta dirección esté comprometida con el plan. En esta línea, el jurista apostó por que las compañías impulsen los canales de denuncias internos —que las empresas de deben tener implantado desde 2023—, así como a los sistemas de investigación interna para detectar infracciones y problemas.
Asimismo, Ayala de la Torre instó a las autoridades judiciales y administrativas a involucrarse en ayudar a las empresas a fomentar la cultura del cumplimiento. Por un lado, sugirió que la Fiscalía General del Estado que actualizara la circular que publicó en 2016 sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas para que esta pueda seguir siendo útil como "guía". Una tarea que, a su juicio, también puede llevar a cabo la Autoridad de protección del informante de corrupción, cuyo decreto de creación fue aprobado por Consejo de Ministros el pasado martes.
A todo ello se suma la propuesta del grupo de trabajo de la Cámara de Comercio sobre la necesidad de que haya entidades independientes que certifiquen la validez y eficacia de los sistemas de compliance y garanticen una mayor defensa en los tribunales, tal y como señaló Santiago Martínez Garrido.
Por último, el magistrado Julián Sánchez Melgar destacó la necesidad de que el legislador aborde la inclusión de algunos delitos "paradigmáticos" que en la actualidad no pueden ser atribuidos a las empresas, como la administración deleal o delitos contra los derechos de los trabajadores. El abogado y fiscal de delitos económicos en excedencia, José Antonio Frago, comparte esta postura, al tiempo que subraya que otra de las cosas que debe ser aclarado en el Código Penal es la ejecución de las condenas de las empresas, ya que "salvo para la multas no hay previsiones", ni se indica "qué ocurre si prohíben realizar determinadas actividades".
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