La Comunidad impuso tres sanciones leves a una residencia con 26 informes negativos en cuatro años
Los informes técnicos, solicitados por el PSOE, revelan que la falta de personal y el mal funcionamiento de los timbres de emergencia llevan años ocurriendo con conocimiento de la Comunidad
“¿Por dónde empiezo? Hay muchas cosas que contar”. Así intenta Pablo Bravo empezar a explicar los problemas que hay en la residencia de gestión indirecta de Peñuelas, en Madrid, en la que vive su madre María, de 94 años, desde hace casi 15. En pocos minutos logra enumerar más de 10. “Falta personal, se come muy mal, a la mayoría les duchan dos veces por semana, no hay toallas y los secan con las sábanas, los ascensores no funcionan bien, los timbres para llamar por alguna urgencia no funcionan...”. Son solo algunos de los obstáculos que se le vienen a la mente y de los que es testigo de lunes a domingo cuando llega a visitar a su madre. Junto a otras familias lleva años presentando reclamaciones, incluso después de algunas muertes de residentes por aparentes incumplimientos legales. Sin embargo, eso se ha traducido en solamente en tres sanciones de 95.000 euros en total por parte de la Comunidad de Madrid hacia la empresa Aralia, encargada del centro desde 2020. Dos de ellas por falta del personal y una por no informar sobre el caso de una mujer que murió ahorcada.
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