La presión pronuclear crece ante la proximidad del cierre de la central de Almaraz, la mayor de España
El Gobierno mantiene el calendario de clausura de las plantas y asegura que ninguna empresa propietaria ha solicitado cambiarlo
A medida que el cierre de la central de Almaraz se aproxima, los colectivos pronucleares —que en España encuentran más respaldo en los partidos conservadores que en los progresistas— redoblan sus llamamientos en favor de esta tecnología, que ahora cubre el 20% de la electricidad que se consume en el país. Pero, más allá de posiciones ideológicas, el avance de las renovables (ya superan el 50% de cuota eléctrica y el Gobierno prevé que en 2030 lleguen al 81%) gracias a su competitividad estrecha cada vez más el espacio para que esta tecnología sobreviva. Es, ante todo, una cuestión económica: tras los decibelios se esconde una pregunta básica: ¿quién paga? O, dicho de otra forma, ¿se debe destinar dinero público —ya sea a través de los presupuestos del Estado o de la factura de todos los consumidores— para que a las eléctricas les resulte rentable mantener activas las cinco centrales que hay en España?
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