Navarra será la tercera comunidad en declarar zonas de alquiler tensionado
El Gobierno foral inicia el trámite para solicitar al Gobierno la medida, que afectará a 21 municipios donde vive casi el 70% de su población
Navarra es la tercera comunidad autónoma que se suma a la declaración de áreas tensionadas de vivienda, tras Cataluña y País Vasco. El Gobierno presidido por la socialista María Chivite ha comunicado este lunes que ya ha iniciado el proceso para delimitar estas zonas, en las que se aplican limitaciones a los precios de alquiler. La medida, que no se hace efectiva hasta que el Ministerio de Vivienda la recibe, comprueba que se cumplen los requisitos que exige la Ley por el derecho a la vivienda y lo publica en el BOE, se retrasará como mínimo unos meses y abarcará 21 municipios. Todos ellos tienen más de 5.000 habitantes y se ubican en las comarcas de Pamplona y la Ribera. En total, esas localidades albergan a casi 460.000 habitantes, más del 68% de la población de Navarra.
Más dinero en la bolsa pública de alquiler
El inicio del proceso para declarar zonas de mercado tensionado se ha conocido apenas una semana después de que la propia consejera anunciara que van a pagar un 9% más a los propietarios que cedan sus viviendas a la bolsa pública de alquiler de Nasuvinsa, que cuenta ya con mil alojamientos. A partir del 1 de enero de 2025, se pagarán 6,53 euros por metro cuadrado útil de casas situadas en Pamplona y su comarca, Tudela, Estella-Lizarra y Tafalla; y hasta los 6,17 euros en el resto de municipios. La cesión de garaje y trastero tienen sus tarifas correspondientes. Además, los propietarios de estos pisos reciben otros beneficios, como una desgravación del 70% del dinero que ingresan por el alquiler, una subvención directa a fondo perdido equivalente a tres meses de alquiler, un seguro multirriesgo del hogar y el certificado de eficiencia energética. La empresa pública es la que abona los gastos de la comunidad (con un máximo de 50 euros) y ofrece una financiación de hasta 22.500 euros al 0% de interés para adecuar la vivienda antes de ponerla en alquiler. Si se producen daños en el alojamiento durante el alquiler, estos son sufragados por Nasuvinsa. En la actualidad, alrededor de 11.500 viviendas de alquiler están bajo paraguas público (casi el 48% del parque total), de las que 2.300 son gestionadas por Nasuvinsa y 3.000 son viviendas de protección oficial de alquiler privado con subvención pública. Además, hay 6.300 personas que reciben las ayudas públicas a través de los programas Emanzipa y David.
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