Once horas de registro interrumpidas para avisar a un abogado que asistiera al fiscal general
Los agentes de la UCO clonaron, por orden del juez del Supremo, dos ordenadores, dos teléfonos móviles, una tableta y varios ‘pendrives’ de García Ortiz
Sobre las 12.00 del mediodía del miércoles, cuando el país digería sobrecogido la magnitud de la dana en el este peninsular, un grupo de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llegaba a la Fiscalía General del Estado. Su presencia no llamó la atención a casi nadie en un edificio custodiado por agentes de este cuerpo y donde las visitas de la UCO son relativamente frecuentes para intercambiar datos sobre investigaciones en curso. Pero en esta ocasión los agentes venían a cumplir un mandato judicial sin precedentes: intervenir todos los dispositivos informáticos y telemáticos del fiscal general del Estado. La orden la había dado el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado, instructor de la causa abierta a Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos derivado de la supuesta filtración de un correo electrónico que el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso e imputado por fraude fiscal, envió a la Fiscalía para intentar alcanzar un pacto que le librara de la cárcel.
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