El Gobierno cree que el nuevo retraso en el ‘caso Begoña Gómez’ refuerza la tesis de la prevaricación
Óscar López carga contra un “caso político” que en La Moncloa ven cada vez más amortizado
El Gobierno se cuida mucho de entrar a criticar abiertamente y en público las decisiones judiciales, a pesar de que muchas de ellas tienen una gran influencia política y son analizadas internamente como parte de una ofensiva contra el Ejecutivo. Pero hay una excepción en la que el Gobierno ha saltado todas sus líneas rojas: la actuación del juez Juan Carlos Peinado en el caso de Begoña Gómez, la esposa del presidente, imputada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La Moncloa ha decidido que Peinado ha superado todos los límites de lo admisible y el presidente, Pedro Sánchez, ha decidido querellarse contra él por prevaricación, un paso inédito. El último movimiento extraño del juzgado de Peinado —no atribuible directamente a él, pero del que es el último responsable— esto es, el error en el envío de la documentación a la Audiencia Provincial de Madrid que provoca un nuevo retraso en la resolución del caso, refuerza, según fuentes del Gobierno, la tesis de la prevaricación.
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